El Ejecutivo logró sostener el superávit fiscal a expensas de los ingresos de jubilados y pensionados. En lo que va de 2024, el 19,2% del ajuste del gasto público se debe directamente a la caída del poder de compra de los haberes previsionales, según revela un estudio de CEPA.

El trabajo señala que el presidente Milei reemplazó la fórmula de actualización de haberes mediante el DNU 274/24, vinculándolos directamente al índice de inflación (IPC) y derogando así la Ley 27.609, vigente desde 2021. Aunque el nuevo esquema permitió una leve recuperación en el primer trimestre, los datos disponibles indican que, de haberse mantenido la fórmula anterior, los aumentos acumulados habrían sido más beneficiosos para los jubilados. El cambio se aplicó justo antes de que la fórmula previa empezara a generar mejoras reales.

Asimismo, indica que en septiembre y diciembre de 2024, así como en marzo y junio de 2025, los incrementos que habría otorgado la fórmula derogada habrían sido superiores a los aplicados con la nueva metodología. En junio de 2025, por ejemplo, el aumento previsto con el IPC (2,8% correspondiente a abril) llevará la jubilación mínima (sin bono) a $304.726, mientras que con la fórmula anterior alcanzaría los $403.302, es decir, un 32,3% más.

Además, desde marzo de 2024, el bono de $70.000 destinado al 70% de los jubilados permanece sin actualización, perdiendo valor real mes a mes. En el mismo período en que los haberes aumentaron un 127%, el monto total de la mínima con bono solo creció un 83%. Si se hubiera ajustado proporcionalmente, el bono debería ascender a $158.658 en junio de 2025, lo que implica una pérdida de $88.658 mensuales por beneficiario.

Sin variantes hasta fin de 2025

Se estima que este congelamiento se mantendrá hasta diciembre de 2025, lo que significará una pérdida adicional de $107.417 por mes para quienes lo reciben.

Contrariamente a lo afirmado por el Presidente, los haberes jubilatorios no han superado a la inflación. En el segundo trimestre de 2025 (abril-junio), el poder adquisitivo de las jubilaciones sin bono es 3,1% inferior al del último trimestre del gobierno anterior. Para quienes perciben el bono, la pérdida es aún mayor: 15,7%. Este tipo de comparación trimestral se ajusta mejor a la lógica de actualización de la fórmula derogada.

Haberes sin recuperación

Al vincular los haberes al IPC, se evita que sigan perdiendo valor, pero también se les impide recuperar lo ya perdido. En cambio, la Ley 27.756, aprobada por el Congreso pero vetada por el Ejecutivo, proponía una recomposición inicial del 7,2%, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto, y una cláusula de ajuste anual si los salarios reales mostraban recuperación.

La pérdida de capacidad adquisitiva de las jubilaciones se agrava con los cambios en la política de medicamentos del PAMI. Se redujo la lista de fármacos cubiertos al 100% y se endurecieron los requisitos de acceso a los medicamentos gratuitos, lo que en la práctica excluye a muchos beneficiarios.

Medicamentos más caros

Los medicamentos que deben abonarse registraron aumentos de precios muy por encima de la inflación. Desde que asumió Milei hasta abril de 2025, la “canasta PAMI” subió un 394,2%, lo que representa 185,9 puntos porcentuales más que el aumento de la jubilación mínima con bono, y 150,3 puntos por encima del IPC.

En marzo de 2025 venció la moratoria previsional, y el gobierno optó por no extenderla. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse no podrán acceder a una jubilación contributiva, debiendo conformarse con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la mínima y no es heredable.