En una reunión convocada por la Comisión de Economía, la diputada provincial Gabriela Lizana expresó con firmeza la creciente preocupación de los productores vitivinícolas frente a una crisis estructural que —según sus palabras— “ya no da para más”.

Lizana denunció que la cadena vitivinícola sufre severos desajustes en la distribución de la renta y está condicionada  por abusos de posición dominante, donde el productor —eslabón más débil— recibe apenas el 4% del valor del vino en góndola, mientras el resto de los actores imponen sus condiciones:
“El cosechador pone su precio, el elaborador impone el suyo, el fraccionador también, el transporte cobra su tarifa, y el minorista o supermercado venden con sus márgenes. Y el productor, si quiere seguir existiendo, tiene que facturar sin cobrar y pagar aportes que ni siquiera puede afrontar.”
Y agregó: “La presión tributaria llega al 45% del valor del producto en góndola.”

La informalidad como única salida
Durante su intervención, explicó que la presión constante sobre los costos del productor lo empuja a la informalidad:
“El productor no puede pagar lo formal. Entonces termina eligiendo trabajar en negro como única forma de sostener su finca. Esto no es un deseo, es una imposición del sistema. Y es por eso que ahora hace el planteo sobre el pago de la corresponsabilidad gremial ”

Además, señaló que muchas empresas exigen certificado de deuda cero en corresponsabilidad gremial para efectuar pagos, justificando criterios de sostenibilidad, pero al mismo tiempo otras comienzan a pagar a los 240 días de cosechada la uva, y a precios más bajos que los del año anterior.

“Esto ocurre porque el gobierno provincial hizo oídos sordos e impulsó la derogación de la ley que obligaba a realizar contratos, en lugar de perfeccionarla y lograr acuerdos con reglas de lealtad comercial.”

El reclamo no es nuevo, pero sí urgente
Lizana recordó que este reclamo no es reciente:
“Hace más de 15 años que se repite lo mismo y siempre las respuestas son ‘no se puede’. Estoy cansada de escucharme decir lo mismo. Pero más me duele que no se quiera entender lo que le pasa al productor. Y lo que no se entiende, no se resuelve.”

Propuesta concreta: avanzar desde la Legislatura
Más allá del diagnóstico, Lizana insistió en la necesidad de actuar:
“Este es un tema nacional, sí. Pero  desde las legislaturas provinciales también puede hacerse algo . Si  no hacemos algo, ¿quién lo va a hacer? Este también es nuestro ámbito. Para eso está la Comisión de Economía. Si no, ¿para qué estamos?”

Presentó un proyecto de ley —aunque es consciente de que probablemente no será tratado— y propuso evaluar alternativas legales como las que en su momento se aplicaron a la agricultura familiar, para facilitar el cumplimiento de los aportes vinculados a la corresponsabilidad gremial, eje central de la discusión.

Asimismo, remarcó la necesidad de continuar las reuniones en la Comisión de Economía para buscar soluciones dentro del marco legal que den respuesta a la situación crítica que atraviesa la actividad productiva vitivinícola.

Advirtió, además, que otras regiones productivas del país están planteando reclamos similares, ante la falta de rentabilidad provocada por el aumento de costos, la falta de actualización de precios y las trabas a las importaciones en las economías regionales.

“Mientras el productor no pueda pagar, no hay sostenibilidad posible. Y si el gobierno provincial impulsa la sostenibilidad para la minería, también debe impulsarla para la vitivinicultura, que es una industria madre de Mendoza.”, concluyó.